La reconversión de camas psiquiátricas, las grandes limitaciones del funcionamiento de los centros de tratamiento ambulatorios, junto con la exclusión de pacientes psiquiátricos descompensados en las residencias sanitarias, hacen que los pacientes psiquiátricos se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad durante esta crisis. Debemos terminar con las discriminaciones, la falta de equidad en la cobertura y el acceso a tratamiento entre las enfermedades psiquiátricas y el resto de las enfermedades, y generar un plan contundente y financiado para dar tratamiento para la gran cantidad de problemas de salud mental que afectarán a la población después de esta pandemia. Debemos garantizar la paridad en la cobertura de problemas de salud mental en las Isapres y aumentar el presupuesto destinado a Salud Mental hasta al menos un 6% del presupuesto del Minsal.
La evolución de los aspectos sociales de la pandemia en curso ha demostrado con claridad que es necesario integrar la Salud Mental en las definiciones principales del plan general COVID-19, tanto en sus aspectos sanitarios como en los económicos.
La incorporación de la salud mental en una estrategia más global en este momento de la pandemia puede significar un punto de inflexión para mejorar o afinar algunas formas de planificar e implementar las respuestas frente a COVID-19 que no están siendo tan efectivas como pudiera esperarse. A modo de ejemplo, nos parece que una gran parte de la crítica que se ha hecho acerca de un manejo vertical, poco dialogante y centrado en los ventiladores por parte de la autoridad, tiene relación con la insuficiencia de una mirada de la salud mental en la preparación de la respuesta.
Así, cambiar la estrategia general incorporando la salud mental significaría:
1.- Pasar desde un manejo vertical tecnocrático centrado en los ventiladores a un manejo horizontal comunitario centrado en involucrar a la población en la prevención del contagio.
Esto significa relevar la importancia de involucrar activamente a las comunidades locales en la prevención y mitigación de las consecuencias del COVID, reforzando las organizaciones locales, y empoderando y entregando recursos a los equipos de salud y psicosociales que ya están insertos y validados en el territorio (APS, PREVIENE de SENDA, equipos municipales, etc.) para educar respecto a la prevención del COVID y generar planes locales, involucrando a la comunidad en su construcción.
2.- Pasar de un Plan económico de emergencia a un Acuerdo Social transversal que incorpore decididamente una mirada de salud mental para identificar las mejores formas de organizar la ayuda al trabajo, las subvenciones a las empresas y de asegurar las necesidades básicas de la población.
3.- Asegurar la cobertura y el acceso a la atención de las adicciones y otros problemas de salud mental durante la crisis y en el periodo post COVID.
4.- La reconversión de camas psiquiátricas, las grandes limitaciones del funcionamiento de los centros de tratamiento ambulatorios, junto con la exclusión de pacientes psiquiátricos descompensados en las residencias sanitarias, hacen que los pacientes psiquiátricos se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad durante esta crisis. Debemos terminar con las discriminaciones, la falta de equidad en la cobertura y el acceso a tratamiento entre las enfermedades psiquiátricas y el resto de las enfermedades, y generar un plan contundente y financiado para dar tratamiento para la gran cantidad de problemas de salud mental que afectarán a la población después de esta pandemia. Debemos garantizar la paridad en la cobertura de problemas de salud mental en las Isapres y aumentar el presupuesto destinado a Salud Mental hasta al menos un 6% del presupuesto del Minsal.
5.- Generar planes de protección de la salud mental de los trabajadores de la salud cubriendo los niveles de protección organizacional, cuidado de pares y autocuidado. Debemos asegurar los elementos de protección personal, las condiciones laborales adecuadas, la gestión de personal y de procesos clínicos que permitan un desempeño seguro de sus funciones. Tan solo sobre esta base podremos construir medidas de prevención selectivas e indicadas para problemas de salud mental.
6.- Incorporar programas de apoyo y acompañamiento para la población recuperada de una enfermedad grave por COVID, para familiares de personas fallecidas, y niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones vulnerables.
Esperamos en que el programa Saludable Mente sea el comienzo de un trabajo sólido y consistente en Salud Mental y que las recomendaciones del mundo académico como la propuesta entregada por la Universidad de Chile y de la mesa de trabajo constituida a propósito de la iniciativa presidencial, serán acogidas e incorporadas a la estrategia general de enfrentamiento de la pandemia de COVID-19. De esta forma, confiamos en que disminuirá el impacto de la pandemia en la salud mental tanto en la población general como en sus segmentos más vulnerables.
Fuente / www.elmostrador.cl/
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