Con la llegada del coronavirus se ha dilatado también la puesta en marcha de la Ley Nacional del Cáncer, que pese a que fue promulgada en agosto del año pasado, aún no cuenta con reglamentos escritos que permitan avanzar en su implementación
Los más de 11 meses de lucha contra el covid-19 han generado en el sistema de salud un retraso en la mayoría de las prestaciones que no están relacionadas con el virus, ya que el grueso de los esfuerzos ha sido destinado a contener la pandemia.
Es así que uno de los principales efectos secundarios ha sido un incremento constante de las listas de espera, que han llegado a niveles históricos.
Sin embargo, la situación de un grupo en particular es la que más preocupa a los expertos. Se trata de 4.691 pacientes que han visto demorados sus tratamientos contra el cáncer, pese a que este forma parte del plan AUGE, es decir, cuentan con un plazo máximo de atención por ley.
Del total de retrasos, 3.024 personas se encuentran esperando por un examen de diagnóstico para detectar y poder comenzar a tratar la patología, mientras que otras 1.391 han visto postergados los tratamientos (ver infografía).
Luis Villanueva, presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, afirma que se ‘retrasaron los tratamientos quimioterapéuticos en un porcentaje, también los tratamientos radioterapéuticos en muchos de los casos. A todo esto se suma que hay que pensar que el paciente oncológico es más susceptible a hacer complicaciones derivadas de una infección por covid-19’.
Por lo mismo, adelanta que ‘a mediano plazo, vamos a estar viendo pacientes diagnosticados en etapas más avanzadas de la enfermedad y será más complejo tratarlos; tendrán pronósticos mucho peores. Obviamente eso va a afectar la sobrevida. Hay algunos cálculos internacionales que hablan de 20% a 40% en aumento de la mortalidad en los próximos años relacionada al cáncer, pero producto directamente de la pandemia’.
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señala que ‘durante todo 2020 vimos una disminución principalmente de aquellos exámenes de diagnóstico que son fundamentales para hacer el diagnóstico precoz, como son el papanicolaou, las mamografías, porque por distintos motivos las personas no acudían a hacerse sus exámenes’.
Agrega que ‘nosotros estamos haciendo un llamado para que la gente acuda a hacerse los controles que corresponden para realizar un diagnóstico oportuno. Cuando eso no se hace, podemos llegar tarde al diagnóstico, lo que puede significar una situación mucho más compleja. Hoy estamos en pandemia, pero no se nos puede olvidar que existen otras enfermedades’.
Una ley en espera
En agosto del año pasado, el Gobierno promulgó la Ley Nacional del Cáncer, una normativa esperada durante años por las más de 45 mil personas que cada año son diagnosticadas con la enfermedad en el país y que prometía reforzar la prevención, detección y la atención oportuna de pacientes a nivel nacional.
Carolina Goic, senadora (DC) y una de las impulsoras, advierte que desde entonces ha habido ‘temas operativos y administrativos que han dificultado la puesta en operación de la ley. Todavía no están los reglamentos, a pesar de que entró en vigencia en octubre y que el Gobierno tenía tres meses para que estuvieran listos. Eso ha impedido la conformación del consejo asesor, por ejemplo, y varios aspectos que necesitan ser reglamentados’.
Este retraso preocupa a los expertos y de hecho, mediante una carta pública, los directores de la Sociedad Chilena de Oncología Médica señalaron que ‘es importante que el Gobierno, Ministerio de Salud y la Contraloría demuestren celeridad en el manejo de los pacientes con cáncer, en crear el comité asesor y presenten un Plan Nacional del Cáncer acorde a los nuevos tiempos de pandemia’.
Además, los mismos especialistas advierten que hay datos que establecen ‘que la demanda oncológica no expresada GES (pacientes que no ingresaron a la red) cayó de 36% a 72% entre marzo y junio de 2020’, por lo que habría una cifra no informada de enfermos.
Mientras que Goic, además, denuncia que de los $60 mil millones que la ley contemplaba para financiar tratamientos de alto costo que no estuvieran cubiertos en la Ley Ricarte Soto o el Plan AUGE, ‘al día de hoy todavía no existe claridad de cómo utilizar esos recursos, ni se han utilizado, a pesar de que existen muchos pacientes que los requieren’.
Fuente / www.clinicasdechile.cl
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