Un reciente fallo del máximo tribunal negó el tratamiento con “Spinraza” a un menor de cinco años con esta enfermedad. “El medicamento (...) no tiene por objetivo principal proteger su vida toda vez que ésta no se encuentra en peligro, desvirtuando en consecuencia la vulneración de su derecho a la vida”. La decisión reabrió la discusión sobre la judicialización de distintas prestaciones de salud de alto costo que no están aseguradas por el Estado.
Una dosis de Spinraza puede costar más de $87 millones, lo que le ha hecho la fama de ser el “medicamento más caro del mundo”. Por ello, en los dos últimos años, 17 fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema abordan al derecho a acceder a este remedio, la mayoría de ellos, obligando al Estado a adquirir este tratamiento y entregarlo gratuitamente a un paciente con atrofia muscular espinal que lo necesita de forma urgente para seguir viviendo. Esto, a pesar de no estar en la Ley Ricarte Soto, y menos aún ser reconocida como patología GES.
Sin embargo, el pasado jueves 13 de febrero, esta misma Sala del máximo tribunal dio un vuelco en sus fallos anteriores, denegando la medicación a un menor de cinco años de edad que padece esta enfermedad que afecta a la movilidad de los músculos de todo el cuerpo, argumentando que el estado de avance de su atrofia muscular espinal no está en riesgo vital.
El fallo de la Suprema señala que, “es preciso indicar que conforme da cuenta el informe citado (por el médico), el niño en favor de quien se recurre se encuentra en una fase pre sintomática o precoz en el deterioro, lo que evidencia que no se encuentra en riesgo vital”.
Y agrega: “En consecuencia el medicamento prescrito tiene solamente por objetivo otorgar a éste la posibilidad de acceder a beneficios terapéuticos relacionados con recuperar la marcha autónoma, postergación de las necesidades de ventilación asistida (ventilación mecánica no invasiva), con pronóstico de vida más favorable en lo funcional, en requerimiento de necesidades técnicas, calidad de vida y años de sobrevida, sin embargo no tiene por objetivo principal proteger su vida toda vez que ésta no se encuentra en peligro, desvirtuando en consecuencia la vulneración de su derecho a la vida”.
Fuente : La tercera
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